10 años del acuerdo de París y un problema clave: Quién emite, quién paga y quién se queda atrás

Diez años después de la adopción del Acuerdo de París, el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C se encuentra seriamente comprometido. Aunque casi todos los países del mundo firmaron el pacto en 2015, los nuevos datos revelan una brecha creciente en la responsabilidad climática. Mientras algunos estados mantienen huellas de carbono per cápita extremadamente altas, otros aumentan rápidamente sus emisiones para sostener su desarrollo. Esta desigualdad amenaza con convertir el acuerdo climático más ambicioso de la historia en una promesa incumplida.

Un pacto global con responsabilidades desiguales

El Acuerdo de París, adoptado en la COP21 en diciembre de 2015, marcó un hito histórico: 195 países se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura “muy por debajo” de los 2 °C y a esforzarse por no superar los 1,5 °C respecto a niveles preindustriales. Sin embargo, una década después, el principal obstáculo no es solo el volumen total de emisiones, sino cómo se distribuyen entre países y personas.

Un informe de 2025 de Oxfam ilustra con crudeza el concepto de “desigualdad de carbono”: el 0,1% más rico del planeta emite en un solo día más CO₂ que el 50% más pobre en todo un año. Si toda la población mundial tuviera ese nivel de consumo energético, el presupuesto de carbono global se agotaría en apenas tres semanas. Esta disparidad no es anecdótica; es estructural y se refleja con claridad en los datos nacionales.

Los mayores emisores per cápita siguen siendo economías fósiles

Los datos del Global Carbon Budget 2025 muestran que los países con mayores emisiones per cápita en 2024 están dominados por economías intensivas en combustibles fósiles. Qatar lidera el ranking con 41,3 toneladas de CO₂ por persona, impulsado por su industria de gas natural licuado y una infraestructura altamente dependiente de la energía. Le siguen Kuwait (26,2 t), Bahréin (23,9 t) y Arabia Saudí (19,8 t), junto a otros exportadores de energía como Brunéi (23,1 t) o Trinidad y Tobago (21,8 t).

También aparecen países desarrollados occidentales: Estados Unidos (14,2 t), Australia (14,5 t) y Canadá (13,4 t). La constante es clara: los mayores emisores per cápita son estados cuya riqueza está estrechamente vinculada a la extracción, transformación o consumo intensivo de combustibles fósiles.

Esta dependencia económica genera un conflicto central. A medida que la ciencia exige una eliminación progresiva del carbón, el petróleo y el gas, estos países se enfrentan a una transición que amenaza la base misma de su prosperidad. Su ritmo de cambio —o falta de él— se ha convertido en una variable crítica para el éxito climático global.

El crecimiento más rápido se desplaza al mundo en desarrollo

Si el análisis se centra no en el volumen absoluto, sino en el crecimiento de las emisiones desde 2015, el mapa cambia radicalmente. Las naciones con los mayores incrementos porcentuales de emisiones per cápita son, en su mayoría, países en desarrollo o economías emergentes.

Encabeza la lista Comoras, en África oriental, con un aumento del 157,6% entre 2015 y 2024. Le siguen Nepal (155,2%), Camboya (136,8%), Laos (132,6%) y Guyana (109,7%), esta última impulsada por recientes descubrimientos de petróleo. Aunque sus emisiones absolutas siguen siendo bajas, el ritmo de crecimiento es alarmante.

Este patrón revela un punto de inflexión. A medida que estos países expanden su infraestructura, industria y acceso a la energía, corren el riesgo de quedar atrapados en sistemas intensivos en carbono, replicando el modelo de desarrollo de las economías ricas. La falta de acceso a financiación climática, tecnología limpia y transferencia de conocimiento convierte el desarrollo bajo en carbono en una opción difícil, cuando no imposible.

Riqueza y carbono: una relación casi perfecta

La correlación entre nivel de ingresos y huella de carbono sigue siendo contundente. Al agrupar los datos de más de 100 países según la clasificación de ingresos del Banco Mundial, surge una brecha abismal. Los países de ingresos altos registran una media de 5,81 toneladas de CO₂ per cápita, mientras que los de ingresos medios-altos bajan a 1,86 toneladas. En los países de ingresos medios-bajos, la cifra se desploma hasta 0,27 toneladas per cápita, más de veinte veces menos que en el grupo de mayores ingresos.

Esta diferencia encapsula el dilema central de la justicia climática. Quienes más han contribuido históricamente al calentamiento global siguen manteniendo las huellas más grandes, mientras que los países con menor responsabilidad enfrentan los impactos más severos del cambio climático y, al mismo tiempo, presiones legítimas para crecer económicamente.

Un acuerdo en riesgo de fractura

El Acuerdo de París se basa en el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”. Sin embargo, los datos muestran que esa diferenciación no se está traduciendo en acciones proporcionales. Sin un reparto más justo del esfuerzo —reducciones drásticas en países ricos y apoyo real al desarrollo limpio en los más pobres—, el objetivo de 1,5 °C se aleja rápidamente.