España impulsa el hidrógeno verde con una nueva ley y 465 millones en ayudas directas

El Gobierno español ha redoblado su apuesta por la transición energética anunciando un anteproyecto de ley para regular el hidrógeno verde y los gases renovables, acompañado de un nuevo paquete de ayudas por valor de 465 millones de euros. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, desveló la iniciativa este miércoles durante el 4º Día del Hidrógeno de Enagás en Madrid, confirmando que la normativa transpondrá el Paquete Europeo del Hidrógeno para crear «un sistema nacional y un nuevo mercado regulado» que dé certidumbre a inversores y promotores . La medida busca consolidar a España como el principal hub de producción y exportación de hidrógeno renovable del sur de Europa, aprovechando su ventaja competitiva en energías renovables y su posición geoestratégica.

465 millones para liderar subastas europeas

El despliegue económico se articulará a través de dos reales decretos que ya han iniciado su trámite de audiencia pública, inyectando fondos del Plan de Recuperación directamente en proyectos industriales tangibles. El grueso de la inversión, un mínimo de 415 millones de euros, se destinará a respaldar proyectos españoles que compitan en la próxima subasta del Banco Europeo del Hidrógeno, funcionando como un mecanismo de «auctions-as-a-service» que garantiza financiación nacional a aquellos proyectos viables que no logren fondos europeos por agotamiento de presupuesto . De esta partida, un tercio se reservará específicamente para iniciativas que suministren hidrógeno a sectores difíciles de abatir como el transporte marítimo y la aviación, claves para la descarbonización logística.

El segundo real decreto asigna al menos 50 millones de euros para la electrificación de procesos de calor industrial y el consumo directo de combustibles renovables, alineándose con la primera subasta del Banco Europeo de Descarbonización Industrial . Aagesen subrayó que, con estas nuevas líneas, el Gobierno ya ha movilizado más de 3.000 millones de euros en apoyo al hidrógeno renovable, una cifra que demuestra que la apuesta española «es firme» y va más allá de declaraciones políticas.

BarMar es viable: rumbo a 2032

El evento sirvió también para confirmar avances críticos en la infraestructura física que conectará la producción española con la demanda del norte de Europa. Los estudios geofísicos del tramo BarMar —el ambicioso hidroducto submarino de 400 kilómetros que unirá Barcelona y Marsella— han concluido con éxito, validando la viabilidad técnica de tender la tubería a profundidades máximas de 2.600 metros, un reto de ingeniería sin precedentes para el transporte de hidrógeno .

La Comisión Europea ha respaldado el proyecto otorgando el 100% de los fondos solicitados para la fase de estudios, un espaldarazo financiero que blinda el calendario de ejecución. El objetivo es que el corredor H2Med esté operativo en 2032, transportando hasta 2 millones de toneladas de hidrógeno verde al año, lo que representaría el 10% de la demanda total prevista por la UE . Arturo Gonzalo, CEO de Enagás, pronosticó que 2026 será «el gran año del despegue» del sector, impulsado por una regulación que por fin será «clara y visible» gracias a la nueva ley .

Soberanía energética «100% autóctona»

Antonio Llardén, presidente de Enagás, enfatizó la dimensión geopolítica del hidrógeno verde: no es solo una herramienta climática, sino un vector estratégico para la autonomía de Europa, al ser una energía «100% renovable y autóctona» que no depende de importaciones de terceros países inestables . En un contexto global de volatilidad energética, desarrollar capacidad propia de generación y transporte se convierte en una cuestión de seguridad nacional.

La futura Ley del Hidrógeno no solo regulará aspectos técnicos, sino que establecerá las reglas del juego para un mercado naciente, definiendo roles, peajes, garantías de origen y mecanismos de acceso a las redes. Al transponer la normativa europea, España busca evitar la fragmentación regulatoria y ofrecer un marco estable que atraiga capital privado masivo, necesario para escalar la producción desde los pilotos actuales a las gigafactorías requeridas para 2030. Con 465 millones sobre la mesa y una ley en camino, el Gobierno envía un mensaje claro a la industria: la fase de experimentación ha terminado; empieza la fase de construcción.