El año de los «Santuarios Gigantes»: Cómo el mundo blindó 160 millones de hectáreas de vida silvestre.

Durante el cierre de diciembre de 2025, la comunidad internacional ha consolidado una serie de victorias políticas y judiciales sin precedentes para la biodiversidad a nivel global. Estos avances, impulsados por gobiernos y organizaciones civiles tras la COP30, han logrado materializar el objetivo «30 por 30» mediante la creación de megasantuarios marinos y reservas terrestres infranqueables. La importancia de este año radica en que la justicia climática ha pasado de la teoría a la práctica, con tribunales internacionales dictaminando la responsabilidad legal de los Estados por sus emisiones. A continuación, analizamos los pilares de este cambio de paradigma que busca reconciliar el desarrollo humano con los límites biológicos del planeta.

El blindaje de los océanos

El 2025 ha marcado un punto de inflexión en la protección hidrológica con la ratificación por parte de Marruecos del Tratado de Alta Mar, convirtiéndose en la nación número 60 en validar este marco legal. Este hito permite la entrada en vigor de un sistema para crear Áreas Marinas Protegidas (AMP) en aguas internacionales, un espacio que hasta ahora era considerado «tierra de nadie» y donde la biodiversidad carecía de defensa jurídica. Actualmente, solo el 9,6% del océano cuenta con protección efectiva, pero este nuevo estatus legal es fundamental para alcanzar la meta del 30% de superficie marina protegida para el año 2030.

La efectividad de estas zonas ha sido validada por investigaciones recientes que, utilizando inteligencia artificial y observación satelital, demostraron que en las AMP de protección total la pesca industrial es prácticamente inexistente. Este dato desmantela el mito de los «parques de papel» y ha motivado acciones radicales como la de Grecia, el primer país europeo en prohibir la pesca de arrastre en todas sus áreas protegidas. Paralelamente, el Reino Unido ha anunciado planes similares para 41 de sus santuarios, reconociendo que arrastrar redes pesadas por el lecho marino causa daños irreversibles a ecosistemas críticos como los arrecifes de coral resilientes.

Soberanía indígena y biomas

En el ámbito terrestre, Colombia ha liderado la vanguardia conservacionista al designar un territorio de más de un millón de hectáreas para proteger a grupos indígenas no contactados. Esta medida no solo salvaguarda la soberanía de los pueblos Yuri-Passé, sino que blinda el hábitat de especies amenazadas como la oncilla y el armadillo gigante frente a la deforestación. Además, el gobierno colombiano ha hecho historia al declarar la totalidad de su bioma amazónico (43% del país) como reserva de recursos naturales, prohibiendo de forma permanente cualquier nuevo proyecto de minería a gran escala o extracción de petróleo.

Esta tendencia hacia la conectividad ecológica se ha replicado en Asia Central, donde la República Kirguisa ha creado un corredor ecológico de 1,2 millones de hectáreas para unir áreas protegidas aisladas. La ciencia ha confirmado que mantener estos corredores es vital para la diversidad genética, permitiendo que la fauna migre y se adapte al cambio climático. En Oceanía, Australia ha dado luz verde al Gran Parque Nacional del Koala, añadiendo 176.000 hectáreas de bosque público a las reservas existentes, mientras que Surinam se ha comprometido a proteger el 90% de sus selvas tropicales, consolidándose como uno de los pocos sumideros netos de carbono del mundo.

Derechos de la naturaleza

Uno de los hitos más innovadores de 2025 ha sido la concesión de personalidad jurídica a la zona montañosa de Taranaki Maunga en Nueva Zelanda. Este estatus legal otorga a la montaña los mismos derechos, deberes y protecciones que a un individuo, eliminando su antigua denominación colonial y reconociendo su valor espiritual y ecológico intrínseco. Este movimiento ecocéntrico está ganando terreno en Europa, donde ciudades como París han solicitado al parlamento nacional que otorgue personalidad jurídica al río Sena para protegerlo de la contaminación persistente y garantizar su regeneración biológica a largo plazo.

En Estados Unidos, la justicia ambiental se ha manifestado a través de la devolución de 19.000 hectáreas de tierra a la tribu Yurok en California, el mayor acuerdo de este tipo en la historia del estado. Esta acción forma parte de un proyecto de restauración sin precedentes que incluyó la eliminación de cuatro represas en el río Klamath para permitir que el ciclo del salmón Chinook se recupere tras un siglo de obstrucción. Estos modelos de gestión liderados por comunidades indígenas han demostrado ser los más eficaces; de hecho, en la COP30 se prometió reconocer los derechos de tenencia sobre 160 millones de hectáreas de tierras indígenas para finales de la década.

Sentencias de alcance global

El ámbito judicial ha vivido su momento más trascendental en julio, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva histórica sobre las responsabilidades climáticas de los Estados. El tribunal dictaminó que los gobiernos pueden ser considerados responsables bajo el derecho internacional si no logran frenar sus emisiones o continúan financiando proyectos de combustibles fósiles. Aunque no es vinculante, esta sentencia unánime de 15 jueces despeja el camino para que las naciones más vulnerables puedan demandar a los grandes contaminadores por daños climáticos transfronterizos, marcando el fin de la impunidad ambiental a nivel estatal.

A nivel nacional, tribunales supremos han frenado proyectos destructivos en países como Nepal, donde se anuló una ley que permitía la construcción industrial en áreas protegidas. En Indonesia, la justicia revocó el permiso ambiental de una mina de zinc y plomo tras años de lucha comunitaria, citando el riesgo inminente de vertidos tóxicos debido a la actividad sísmica. Estos fallos demuestran que el sistema legal se está convirtiendo en el último baluarte contra el extractivismo descontrolado, priorizando el derecho constitucional a un medio ambiente sano por encima de los beneficios económicos inmediatos de las corporaciones transnacionales.

El derecho a existir

El balance de 2025 nos revela que la protección de la naturaleza ya no es una cuestión de buena voluntad, sino de arquitectura legal y soberanía territorial. Hemos pasado de las promesas abstractas de las cumbres climáticas a la ejecución de tratados que transforman la geografía política del planeta. La gran lección de este año es que la naturaleza ha dejado de ser un objeto de propiedad para convertirse en un sujeto de derechos, un cambio ontológico que obligará a las industrias y gobiernos a recalcular cada una de sus inversiones bajo el prisma de la viabilidad ecológica y la justicia intergeneracional.

Hacia el futuro, el desafío residirá en la capacidad de las naciones para financiar de manera permanente estas victorias territoriales, evitando que los cambios de gobierno reviertan los avances logrados. La creación de mecanismos como el Tropical Forest Forever Facility sugiere que el capital global empieza a comprender que un bosque en pie tiene más valor financiero que la madera que produce. El 2025 será recordado como el año en que la humanidad empezó a redactar un nuevo contrato social con la biosfera, entendiendo que nuestra propia supervivencia es directamente proporcional a la integridad de los ecosistemas que hoy, por fin, empezamos a proteger de verdad.