California demanda a Trump en guerra legal por el futuro de los coches eléctricos en EE.UU.

En Estados Unidos, el estado de California ha presentado una demanda contra el expresidente Donald Trump por bloquear sus leyes para reducir emisiones en vehículos. El anuncio lo hizo el fiscal general Rob Bonta el 13 de junio de 2025, tras la firma de una resolución federal que frena el plan estatal para prohibir coches de gasolina en 2035. Diez estados se han unido a la acción legal, en defensa del derecho californiano a establecer estándares ambientales más estrictos. La medida, que revierte décadas de autonomía ambiental, ha sido descrita como un ataque político y regresivo al aire limpio.

Un ataque directo a la autonomía climática

La resolución firmada por Trump anula el mandato de California de vender solo vehículos de cero emisiones a partir de 2035, uno de los planes más ambiciosos de descarbonización del sector transporte en el mundo. La ley exigía que el 35 % de los coches nuevos en 2026 fueran eléctricos, aumentando a 100 % en 2035. También bloquea otras dos normas clave: la de camiones limpios de 2020 y una regulación para reducir óxidos de nitrógeno, causantes de smog.

Rob Bonta, fiscal general de California, calificó la medida como “irracional, ilegal y partidista”, mientras que el gobernador Gavin Newsom acusó a Trump de estar “al servicio de los grandes contaminadores”. La respuesta legal fue inmediata: diez estados aliados a las normativas californianas, como Nueva York, Massachusetts o Nuevo México, se sumaron a la demanda. Cinco de las diez ciudades más contaminadas del país están en California, razón por la cual la Ley de Aire Limpio de 1967 ha permitido históricamente al estado fijar sus propios estándares.

25 demandas por sabotaje climático

La demanda se suma a una larga lista de 25 acciones legales que California mantiene activas contra decisiones de la administración Trump, incluyendo bloqueos a fondos federales para cargadores de vehículos eléctricos o vetos a infraestructuras de energía eólica. Trump firmó además una orden ejecutiva que instruye al Departamento de Justicia a frenar cualquier ley estatal relacionada con cambio climático, justicia ambiental o impuestos al carbono.

Esa orden identifica a California, Nueva York y Vermont como enemigos regulatorios prioritarios, y ataca desde programas de comercio de emisiones hasta licencias verdes o fondos climáticos. Para Trump, estas normativas son “incompatibles con la liberación de la energía estadounidense” y deben ser desmanteladas. Se trata de una guerra frontal contra el marco regulatorio ambiental construido durante décadas, con implicaciones que podrían paralizar políticas de transición energética en múltiples estados.

¿Quién paga por la crisis climática?

Uno de los objetivos más polémicos del ataque federal es la Ley de Superfondo Climático de California, aprobada en febrero. Inspirada en iniciativas similares de Nueva York y Vermont, la legislación obliga a las grandes petroleras a pagar por los daños climáticos generados por sus emisiones históricas. Se estima que empresas que hayan generado más de mil millones de toneladas de CO₂ entre 1990 y 2024 deberán aportar fondos para reparación, resiliencia y respuesta a desastres climáticos.

Este “fondo de justicia climática” podría marcar un precedente global en la responsabilidad económica de los contaminadores. Pero su implementación depende de resistir el embate legal lanzado por Trump. Los expertos temen que, si el Tribunal Supremo federal invalida la ley, se consolide una doctrina hostil hacia cualquier intento estatal de enfrentar la crisis climática. En juego no está solo la soberanía legislativa, sino el principio de que quien contamina, paga.

El Congreso, aliado del retroceso ambiental

La ofensiva contra California no solo parte del despacho de Trump: el Congreso, con mayoría republicana, fue quien aprobó la resolución que dio pie a este retroceso ambiental. El respaldo legislativo convierte el ataque en una estrategia institucionalizada contra las políticas climáticas estatales, que antes habían contado con respaldo bipartidista, incluso en gobiernos conservadores. La aprobación del Congreso muestra cómo la lucha climática se ha convertido en una línea de fractura partidista en Estados Unidos, donde la autonomía estatal queda subordinada a intereses fósiles.

Además, el timing político es clave: año electoral, polarización y una administración federal que prioriza los combustibles fósiles. La medida busca frenar no solo leyes actuales, sino toda legislación futura que intente regular las emisiones o implementar políticas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). Lo que está en juego es el modelo de gobernanza climática a largo plazo y la posibilidad misma de que los estados lideren la transición ecológica frente a un gobierno federal hostil.

¿Un efecto dominó en todo el país?

Los expertos legales temen que la resolución contra California pueda sentar precedente y desactivar políticas climáticas en otras regiones. Varios estados habían adoptado sus propias versiones de las normas californianas, desde estándares de vehículos hasta leyes de responsabilidad climática para grandes contaminadores. Si la ofensiva de Trump prospera en tribunales, los gobiernos estatales podrían quedar impedidos de legislar contra el cambio climático de forma independiente.

Además, el ataque puede desincentivar la inversión privada en tecnologías limpias, al generar incertidumbre jurídica y reducir el atractivo de estados pioneros como California para empresas de movilidad eléctrica, infraestructura verde o renovables. En lugar de avanzar hacia un modelo más limpio y competitivo, Estados Unidos corre el riesgo de quedarse rezagado ante Europa y China en la carrera verde global, no por falta de innovación, sino por decisiones políticas regresivas.