EE.UU. y UE frenan sus normas climáticas mientras California, España y 36 países las refuerzan: la fragmentación está servida

La Comisión de Valores de EE.UU. (SEC) votó en marzo de 2025 cesar la defensa de sus normas de divulgación climática de la era Biden ante el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito, que ordenó en septiembre suspender el litigio hasta que la agencia decida si rescinde, modifica o reanuda. Paralelamente, la Unión Europea aprobó el 16 de diciembre de 2025 cambios a su Directiva CSRD que elevan umbrales a más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación, eliminando del 80% al 90% de empresas obligadas. Mientras tanto, California mantiene su fecha límite del 10 de agosto de 2026 para reportar emisiones Scope 1 y 2 bajo SB 253, España exige desde 2026 planes de reducción de GEI con el Real Decreto 214/2025, y la Fundación IFRS informa que 36 jurisdicciones han adoptado o están implementando los marcos ISSB, con 14 apuntando a adopción completa. Esta divergencia configura lo que S&P Global describe como «creciente fragmentación geopolítica en la acción climática global».

Retroceso estadounidense y cambio de guardia

Paul Atkins, presidente de la SEC que se opuso públicamente al mandato de divulgación climática, ha centrado su mandato en reducir cargas regulatorias sobre empresas cotizadas. En marzo de 2025, el Acting Chair Mark Uyeda instruyó al personal detener la defensa de la norma climática, argumentando que una orden ejecutiva del presidente Trump obligaba a reevaluar los límites de autoridad estatutaria de la SEC en esta materia. La comisionada demócrata Caroline Crenshaw criticó la decisión como unilateral y sin input de la Comisión completa, reiterando que la SEC tiene autoridad clara para exigir divulgación de riesgos climáticos porque «son sobre riesgo y de interés público».

El reporte de estatus presentado por la SEC al Octavo Circuito el 23 de julio de 2025 indicó que la Comisión «no tiene intención de revisar o reconsiderar las Normas en este momento», pero solicitó al tribunal terminar la suspensión y resolver el fondo del desafío, argumentando que una mayoría de comisionados actuales «cree que la Comisión carecía de autoridad estatutaria para las Normas» aunque reconociendo que «los tribunales tienen la palabra final sobre interpretación estatutaria». Esta postura crea un limbo jurídico: las normas técnicamente siguen vigentes pero sin defensa activa, esperando resolución judicial que podría llegar tarde en 2026 o incluso 2027.

CSRD: del 100% al 10% obligado

La presidencia del Consejo de la UE y negociadores del Parlamento alcanzaron acuerdo el 9 de diciembre de 2025 sobre cambios sustanciales a la CSRD, aprobados formalmente el 16 de diciembre. Los nuevos umbrales —más de 1.000 empleados y más de 450 millones de euros de facturación neta consolidada— sacan del alcance aproximadamente 90% de empresas que anteriormente estarían obligadas. Para empresas no-UE, el umbral de empleados no aplica: basta superar 450 millones de euros de facturación en la UE.

Además, las normas introducen un «tope de cadena de valor» que permite a empresas pequeñas declinar proporcionar información solicitada por empresas reportantes si esa información no sería reportable bajo estándares voluntarios nuevos. Holdings financieros quedan exentos, y empresas «ola uno» que iniciaron reporte para ejercicio fiscal 2024 pero caen fuera del nuevo alcance se benefician de una exención de transición para FY2025–2026. La implementación se pospone hasta enero de 2027.

Expansión paralela fuera del Atlántico Norte

Mientras Washington y Bruselas retroceden, California mantiene firme SB 253, que exige a empresas con más de $1.000 millones de ingresos reportar emisiones GEI ante la Junta de Recursos Atmosféricos de California (CARB) antes del 10 de agosto de 2026 para datos de ejercicio fiscal 2025. Aunque un tribunal federal emitió orden judicial preliminar sobre la ley de informes de riesgo climático SB 261, CARB abrió registro voluntario para presentaciones y aclaró metodologías aceptables incluyendo promedios de industria bajo el Protocolo GEI.

España introdujo el Real Decreto 214/2025 en junio de 2025, convirtiendo el registro de carbono voluntario en obligatorio para ciertas empresas. La normativa exige calcular emisiones GEI anualmente usando metodologías alineadas con el Protocolo GEI como ISO 14064 e ISO 14083, cubrir Scope 1, 2 y en algunos casos Scope 3, y desarrollar planes de reducción quinquenales cuantificados alineados con objetivos climáticos nacionales y del Acuerdo de París. El primer ciclo de reporte cubre datos 2025 presentables en 2026.

36 jurisdicciones, 14 con adopción completa

La Fundación IFRS publicó perfiles jurisdiccionales el 12 de junio de 2025 confirmando que 36 jurisdicciones han adoptado o están usando los Estándares de Divulgación de Sostenibilidad ISSB, o están finalizando su introducción en marcos regulatorios, marcando avance desde las 30 jurisdicciones reportadas en noviembre de 2024 y más de 20 en mayo de 2024. Emmanuel Faber, presidente del ISSB, declaró: «Hemos visto nuevas jurisdicciones unirse a la cohorte inicial de adoptantes ISSB cada mes, con un total de 36 hoy».

De las 17 jurisdicciones perfiladas —incluyendo Australia, Bangladesh, Brasil, Chile, Ghana, Hong Kong, Jordania, Kenia, Malasia, México, Nigeria, Pakistán, Sri Lanka, Taiwán, Tanzania, Turquía y Zambia— 14 han fijado objetivo de adoptar completamente los estándares ISSB, mientras dos adoptan solo requisitos climáticos y una incorpora parcialmente los estándares. Doce de 16 jurisdicciones cubiertas por instantáneas han publicado estándares totalmente alineados con ISSB o diseñados para entregar resultados funcionalmente alineados, tres proponen estándares que incorporan porción significativa, y una considera permitir uso de Estándares ISSB.

Las reformas de Divulgación Financiera Relacionada con el Clima de Australia también entraron en vigor en 2026, incorporando conjunto más amplio de grandes empresas en reporte climático obligatorio. Nueva York finalizó su Programa Obligatorio de Reporte de GEI en diciembre de 2025, exigiendo que ciertas instalaciones y proveedores de combustibles reporten emisiones de 2026 antes de junio de 2027.​