El fracking divide a la política británica mientras los laboristas prometen veto permanente

El gobierno británico anunció este miércoles que acelerará la prohibición permanente del fracking en el país, adelantando la medida para este otoño como parte del plan de transición del Mar del Norte. La decisión, presentada por el secretario de Energía Ed Miliband en la conferencia del Partido Laborista, responde a la intención del partido Reform de reactivar la fractura hidráulica, pese a su fuerte rechazo social. El proyecto de ley impedirá perforaciones en las 187 circunscripciones situadas sobre yacimientos de esquisto, blindándolas frente a futuros intentos de explotación. La jugada sitúa al Labour en contraste directo con Nigel Farage y Richard Tice, líderes de Reform UK, que insisten en que el fracking reduciría las facturas energéticas, un argumento repetidamente desmentido por expertos.

Un veto legislativo con efecto duradero

El fracking, técnica que consiste en inyectar agua, arena y productos químicos a alta presión en formaciones rocosas para liberar gas de esquisto, ha sido objeto de una moratoria en el Reino Unido desde 2019. La prohibición definitiva, adelantada por Miliband, implica que cualquier intento futuro de reintroducir la práctica requerirá revocar la ley mediante una votación parlamentaria.

Esto supone un obstáculo casi insalvable para partidos como Reform, ya que los diputados cuyos distritos se asientan sobre las reservas de gas serían los primeros en oponerse. “Queremos mandar a los frackers de vuelta a casa”, declaró Miliband ante la conferencia, confirmando que Labour desplegará a sus equipos de campaña en cerca de 200 circunscripciones clave.

El compromiso estaba ya en el manifiesto electoral laborista, pero el anuncio detalla por primera vez el calendario y el mecanismo legislativo. La medida se enmarca en el North Sea Transition Plan, que marcará la hoja de ruta energética del país para las próximas décadas, con foco en las renovables y en la reducción de emisiones.

La amenaza de Reform y el precedente Truss

El anuncio llega en un contexto político marcado por el ascenso del Partido Reform UK, que ha hecho de la vuelta al fracking una de sus banderas. Tanto Nigel Farage como Richard Tice aseguran que imitar el modelo estadounidense permitiría abaratar las facturas. Sin embargo, la geología británica es mucho más compleja y fragmentada, lo que dificulta la extracción y multiplica los riesgos sísmicos.

La experiencia reciente lo confirma: entre 2018 y 2019, en el pozo de Preston New Road, Lancashire, se registraron casi 200 terremotos en menos de un año, lo que precipitó el fin de la exploración. Incluso un consejo local bajo control de Reform en Lancashire se mostró contrario a reabrir perforaciones en su territorio.

El tema ya ha demostrado su capacidad para desestabilizar gobiernos. En 2022, la entonces primera ministra Liz Truss intentó levantar la moratoria, pero un voto forzado en el Parlamento —impulsado por el propio Miliband como portavoz de Energía en la oposición— generó una rebelión interna que precipitó su caída. Desde entonces, el fracking ha sido percibido como una línea roja política para la opinión pública.

Impactos sociales y ambientales

Los riesgos del fracking van más allá de los temblores. La fractura hidráulica requiere grandes volúmenes de agua y productos químicos, con riesgos de contaminación de acuíferos y emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero. Además, la práctica suele afectar a zonas rurales y comunidades que temen el deterioro del paisaje y la pérdida de valor en sus propiedades.

Organizaciones ambientales como Friends of the Earth y Greenpeace UK han celebrado el anuncio de Miliband, subrayando que un veto legal es la única forma de “evitar que los fósiles más contaminantes sigan retrasando la transición energética”. Según estudios académicos, la contribución del fracking a la seguridad energética británica sería mínima, ya que los recursos de gas son limitados y su explotación costosa frente a la expansión de las energías renovables.

Estrategia energética a largo plazo

El gobierno laborista busca proyectar el mensaje de que el Reino Unido no puede seguir atrapado en debates fósiles mientras el mundo avanza hacia un sistema eléctrico renovable. La estrategia contempla acelerar la inversión en energía eólica marina, solar y redes de transmisión, con el objetivo de lograr un sistema eléctrico limpio en la próxima década.

El veto al fracking forma parte de esta narrativa: blindar al país de una práctica que no abarata facturas, no asegura independencia energética y sí genera riesgos ambientales, mientras se apuesta por soluciones de largo plazo.

La respuesta política será inmediata. Reform UK insistirá en que la medida es “ideológica” y que el país pierde una oportunidad de explotar recursos propios. Pero la evidencia técnica y la opinión pública parecen inclinarse del lado de la precaución, situando a Labour en posición de capitalizar el rechazo ciudadano.

El futuro energético en disputa

La batalla sobre el fracking en el Reino Unido es más que una cuestión técnica: es un símbolo de la dirección que tomará la política energética. Los laboristas quieren enviar la señal de que la era de los fósiles más sucios ha terminado, mientras Reform plantea un retorno a corto plazo que ignora las limitaciones geológicas y los riesgos sociales.

El desenlace tendrá repercusiones más allá del Reino Unido, pues marcará el rumbo de otros países europeos que también enfrentan presiones para reabrir el debate sobre el gas de esquisto.

Un espejo de las tensiones climáticas (200 palabras)

La decisión de Ed Miliband de adelantar la prohibición definitiva del fracking no es solo un gesto político frente a Reform UK, sino un movimiento estratégico en la batalla cultural y económica del clima. El Reino Unido, pionero en industrialización fósil, se sitúa ahora en el centro de un debate global: ¿apostar por soluciones cortoplacistas con riesgos probados o acelerar una transición estructural hacia energías limpias?

El fracking simboliza ese dilema. Quienes lo defienden apelan al pragmatismo económico y a la independencia energética, pero omiten que los beneficios son marginales frente a los costes ambientales y sociales. Quienes lo rechazan plantean que cada inversión en nuevas perforaciones es una inversión que no va a redes, baterías o renovables, es decir, que prolonga la dependencia de un modelo obsoleto.

El mensaje de Labour es claro: blindar la transición para que no dependa de vaivenes políticos. Sin embargo, el reto real será demostrar resultados tangibles en reducción de facturas, empleo verde y resiliencia energética. Solo así se consolidará la idea de que el futuro no está en el subsuelo, sino en la capacidad de innovar sobre la superficie.