La justicia estadounidense obliga a España a pagar 44 millones más por impagos a inversores solares

La Corte de Distrito de Columbia (EE. UU.) ratificó este lunes el laudo arbitral que obliga a España a pagar 44 millones de euros a la compañía luxemburguesa 9Ren Holding, en relación con las inversiones en plantas solares afectadas por los recortes retroactivos a las primas de energías renovables.

La decisión supone la séptima condena consecutiva de la justicia estadounidense contra el Estado español, consolidando una tendencia adversa en el frente judicial internacional. Con esta resolución, el total de laudos reconocidos por tribunales de EE. UU. asciende a 688,4 millones de euros, mientras que la deuda total con 27 empresas del sector renovable alcanza los 1.754,7 millones. Si se incluyen intereses de demora y costes judiciales, la cifra global supera los 2.179 millones de euros.

El caso 9Ren se suma así a una lista creciente de litigios derivados de la eliminación retroactiva de incentivos a las energías limpias entre 2010 y 2014. Aquella reforma, impulsada por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, alteró drásticamente el marco retributivo que había atraído a inversores internacionales durante la llamada “burbuja solar” española.

El caso 9Ren: de Luxemburgo a Washington

9Ren Holding, con sede en Luxemburgo, había invertido 211 millones de euros en ocho plantas de energía solar fotovoltaica en España antes de la supresión de las primas que sustentaban la rentabilidad del modelo. En 2015, la compañía presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, invocando las protecciones del Tratado de la Carta de la Energía (TCE).

El laudo favorable a 9Ren se emitió en mayo de 2019 por 40 millones de euros, aunque la cifra final aumentó a 44 millones al incluir intereses y costas judiciales. Tras años de litigios, la ratificación por parte de la justicia estadounidense otorga a la empresa la posibilidad de ejecutar el cobro en territorio norteamericano, mediante la incautación de activos del Estado español si fuera necesario.

No es la primera victoria de 9Ren en tribunales extranjeros: en agosto de 2025, el Tribunal Federal de Australia ordenó el reconocimiento de cuatro laudos por un valor total de 469 millones de euros, abriendo una segunda vía internacional de ejecución.

Una cascada de condenas internacionales

El fallo de 9Ren se suma a una larga serie de derrotas judiciales para España en tribunales internacionales. Los laudos ya confirmados en EE. UU. incluyen los de Cube Infrastructure (40,2 millones), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones) y NextEra (290,6 millones).

En conjunto, estos casos ilustran el profundo conflicto entre el Estado español y los inversores extranjeros, que acusan a España de violar el principio de estabilidad regulatoria garantizado por el Tratado de la Carta de la Energía.

La eliminación retroactiva de incentivos a las energías renovables, iniciada en 2010 para contener el déficit de tarifa eléctrica, generó una ola de arbitrajes sin precedentes. Muchos de los fondos afectados —procedentes de Luxemburgo, Alemania, Australia o Estados Unidos— alegan que España modificó unilateralmente las condiciones bajo las cuales realizaron inversiones millonarias en el sector fotovoltaico y eólico.

Un conflicto entre la UE y el derecho internacional

El Gobierno español ha reiterado su negativa a pagar las compensaciones, argumentando que los laudos del CIADI contravienen el derecho comunitario europeo, que prohíbe el arbitraje entre Estados miembros bajo el TCE. Esta postura se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que declaró incompatible dicho tratado con el marco legal de la UE en el célebre caso Achmea (2018).

Sin embargo, los tribunales estadounidenses han optado por respaldar los laudos del CIADI, al considerar que España aceptó voluntariamente su jurisdicción al adherirse al tratado. Esto ha generado un complejo pulso diplomático y legal entre Bruselas y Washington, con implicaciones para la ejecución de futuras sentencias.

Las empresas afectadas piden al Ejecutivo español un acuerdo negociado que ponga fin a la “litigiosidad creciente” y evite el embargo de activos públicos en el extranjero, como oficinas diplomáticas, reservas financieras o bienes culturales. “España necesita restaurar su credibilidad como destino inversor y resolver estas disputas antes de que se conviertan en un lastre diplomático y reputacional”, advirtió un portavoz de uno de los fondos demandantes.

Un callejón judicial con consecuencias económicas

Con 27 arbitrajes en curso y más de 2.000 millones en condenas acumuladas, España se ha convertido en el país más demandado del mundo bajo el Tratado de la Carta de la Energía. La persistencia del conflicto ha provocado inquietud entre los inversores internacionales, que reclaman seguridad jurídica para mantener su apuesta por la transición energética.

Mientras tanto, el Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que el sistema retributivo actual garantiza rentabilidades razonables y que “no existen motivos para indemnizaciones adicionales”. Sin embargo, los fallos reiterados en su contra han llevado a varios bufetes internacionales a explorar la posibilidad de confiscar activos españoles en Estados Unidos, Australia y Reino Unido.

El caso 9Ren simboliza así una paradoja de la transición energética española: el intento de corregir los excesos del pasado ha terminado generando una factura judicial millonaria, cuya resolución podría definir el futuro del sector renovable y la reputación internacional de España como país seguro para invertir.