Primer año de Trump: balance del desmantelamiento de la agenda climática en EE. UU.

Hoy se cumple el primer aniversario de la segunda toma de posesión de Donald Trump como el 47.º presidente de los Estados Unidos. En apenas doce meses, su administración ha ejecutado un giro radical en la política ambiental, transformando el liderazgo climático en un frenesí de desregulación y promoción de los combustibles fósiles. Bajo la premisa de una «emergencia energética nacional», Trump ha rodeado su gabinete de exlobistas y ejecutivos del sector extractivo para desmantelar las protecciones de la era Biden. Este cambio no solo afecta a las fronteras estadounidenses, sino que ha dejado un vacío de poder en la diplomacia climática internacional, justo cuando la crisis global alcanza niveles críticos.

El regreso de los combustibles fósiles

Desde el primer día, la administración Trump ha priorizado la expansión del petróleo, el gas y el carbón. Mediante órdenes ejecutivas, se han reabierto áreas protegidas como el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico y la Reserva Nacional de Petróleo en Alaska para la exploración petrolera. El mantra «drill, baby drill» se ha extendido incluso a negociaciones internacionales, buscando acceso a las vastas reservas de Venezuela. Simultáneamente, el presidente ha intentado revivir una industria del carbón en declive, acelerando permisos en tierras federales a pesar de que esta fuente de energía resulta hoy menos competitiva y más costosa que las renovables.

Trump ha dirigido sus críticas más feroces hacia las energías limpias, calificando a las turbinas eólicas como «patéticas» y difundiendo falsedades sobre su costo y seguridad. Para consolidar este modelo, el gobierno ha bloqueado miles de millones de dólares en fondos destinados a proyectos de energía limpia, dejando a numerosas organizaciones en un limbo legal. Además, la Casa Blanca está desafiando activamente las leyes estatales más estrictas, como los sistemas de límites y comercio de California, en un esfuerzo por imponer una política energética federal única basada en el carbono.

La censura de la ciencia y los datos

Uno de los pilares más controvertidos de este año ha sido el ataque sistemático a la infraestructura científica del país. La administración ha despedido a decenas de miles de trabajadores federales en agencias como la EPA, la NOAA y la National Science Foundation, muchos de los cuales realizaban investigaciones vitales sobre conservación y meteorología. Se han cerrado portales públicos de datos como climate.gov y se han eliminado conjuntos de datos históricos sobre desastres climáticos que eran esenciales para la industria de seguros y los equipos de rescate.

En una decisión que ha alarmado a la comunidad médica, la EPA anunció que ya no calculará los beneficios monetarios de las reglas contra la contaminación del aire en términos de salud pública o vidas salvadas. A partir de ahora, solo se priorizarán los costos para la industria. Este «apagón científico» se extiende al ámbito internacional: Trump ha ordenado a los científicos federales cesar toda colaboración con el IPCC y ha retirado a EE. UU. de las evaluaciones climáticas globales, dejando al país fuera de los foros donde se decide el futuro del conocimiento ambiental.

Retirada del escenario internacional

En el último mes, la Casa Blanca anunció la retirada de Estados Unidos de 66 organismos e instrumentos internacionales, incluyendo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Este repliegue se suma a la salida formal del Acuerdo de París y la cancelación de compromisos financieros como los 4.000 millones de dólares prometidos al Fondo Verde para el Clima. Por primera vez en la historia de las cumbres climáticas, Estados Unidos no envió representación a la COP30 en Brasil, marcando un aislamiento diplomático sin precedentes.

Esta retirada no solo debilita la lucha global contra el calentamiento, sino que, según expertos, deja a la economía estadounidense en riesgo de perder la carrera por la transición energética. Mientras el resto del mundo avanza hacia tecnologías solares y eólicas más baratas, la administración Trump ha descarrilado negociaciones para impuestos al carbono en el transporte marítimo y ha bloqueado tratados internacionales sobre plásticos, alineándose con los intereses de los estados petroleros para evitar límites en la producción.

El fin de la protección natural

El impacto de este primer año también se siente en los parques nacionales y la biodiversidad. El Servicio de Parques Nacionales ha perdido el 24% de su fuerza laboral permanente, lo que ha provocado cierres parciales y falta de mantenimiento en más de 90 parques durante la temporada alta. Paralelamente, se han revertido protecciones clave de la Ley de Especies en Peligro, eliminando la norma que protegía automáticamente a las especies clasificadas como «amenazadas».

En las costas, Trump firmó proclamaciones para permitir la pesca comercial en áreas protegidas del Pacífico, ignorando estudios que demuestran que estas reservas benefician a largo plazo a la propia industria pesquera al permitir la recuperación de especies. En tierra firme, se han revocado reglas que prohibían la tala industrial y la construcción de carreteras en millones de acres de bosques nacionales, lo que según grupos ecologistas amenaza el hábitat de especies emblemáticas como el oso grizzly y el lobo de Yellowstone, además de poner en riesgo la pureza del agua potable para millones de personas.