Trump revierte décadas de avances climáticos en sus primeros 100 días

Donald Trump ha transformado la política ambiental de Estados Unidos en apenas cien días desde su regreso al poder el 20 de enero de 2025. Con órdenes ejecutivas que reviven el carbón, detienen la energía eólica y congelan los fondos climáticos, su administración ha borrado de golpe gran parte del legado verde de Biden. El impacto ya se siente en organismos científicos clave como la EPA y la NOAA, cuyas plantillas han sido diezmadas. Mientras tanto, las consecuencias amenazan no solo la salud de los estadounidenses, sino también el liderazgo global en la lucha contra el cambio climático.

La contrarreforma fósil

En su primer día, Trump declaró una «emergencia energética nacional» que allanó el camino para revertir normas ambientales de la era Biden. Una orden ejecutiva eliminó la prohibición de perforación en 16 millones de acres en el Ártico y desbloqueó la exploración de petróleo y gas en más de 600 millones de acres de aguas costeras.

Trump también reactivó los permisos de exportación de gas natural licuado (GNL) que habían sido suspendidos en 2024 para evaluar su impacto ambiental y económico. A pesar de los hallazgos que advertían que esa expansión dañaría al consumidor doméstico y dificultaría los objetivos climáticos, el nuevo gobierno ha priorizado las exportaciones energéticas.

El carbón, la fuente más contaminante, ha sido rescatado con una serie de decretos que aceleran permisos y eliminan obstáculos regulatorios. Esto ocurre mientras más de 60 países han limitado drásticamente sus plantas de carbón desde 2015. A contracorriente, Trump incluso permite que plantas antiguas continúen operando, eludiendo regulaciones sobre emisiones tóxicas.

Golpe a las energías renovables

La administración ha pausado las licitaciones de energía eólica marina y ha congelado permisos y préstamos tanto para proyectos eólicos terrestres como marinos. También bloqueó fondos no gastados del histórico paquete de inversiones verdes de Biden, la Inflation Reduction Act (IRA), que preveía más de 369.000 millones de dólares en renovables.

Una jueza federal de Rhode Island ya ha ordenado que se restituyan esos fondos, señalando que el Ejecutivo no tiene autoridad para anular leyes aprobadas por el Congreso.

En paralelo, el gobierno intenta derogar normativas clave sobre contaminación del aire, mercurio, hollín y aguas residuales, lo que podría provocar un aumento de muertes prematuras y crisis sanitarias, según exfuncionarios de la EPA. Estudios apuntan a más de 200.000 muertes prematuras y 10.000 ataques de asma diarios si se concretan estos retrocesos.

Desmantelamiento institucional sin precedentes

En apenas tres meses, la administración ha despedido a miles de científicos y empleados públicos, especialmente en agencias clave como la EPA, la NOAA y USAID. En total, más de 1.000 trabajadores de la NOAA y centenares de expertos en justicia ambiental de la EPA han sido cesados, debilitando gravemente la capacidad institucional para responder a desastres climáticos, monitorear la biodiversidad o prever fenómenos extremos.

El impacto es transversal: programas como Power Africa y SERVIR, que predecían sequías e inundaciones vía satélite, han sido cancelados sin aviso. Según la Asociación Americana del Pulmón, el 46% de los estadounidenses ya viven en zonas con niveles de contaminación peligrosos, una cifra que solo puede empeorar si se consolidan estos recortes.

La eliminación de científicos independientes de los comités asesores de la EPA supone un giro hacia políticas sin respaldo técnico, lo que socava décadas de trabajo basado en evidencia. El desmantelamiento también incluye ataques a leyes estatales como el sistema de comercio de emisiones de California o las leyes de “superfondos climáticos” de Nueva York y Vermont.

Retirada del escenario global

Uno de los pasos más simbólicos del nuevo Trumpismo ha sido la salida formal del Acuerdo de París, alineando a EE. UU. con países como Irán y Libia como únicos fuera del pacto. La administración también abandonó la junta del Fondo de Pérdidas y Daños de la ONU, creado para compensar a los países más vulnerables frente a eventos climáticos extremos.

Trump ha frenado las contribuciones al Fondo Verde para el Clima y al Plan Internacional de Finanzas Climáticas, poniendo en riesgo la cooperación internacional. El golpe más severo a la diplomacia climática se dio en febrero, cuando EE. UU. vetó una resolución de la ONU sobre la Agenda 2030, quedando aislado junto a Israel y Argentina.

Al mismo tiempo, una delegación estadounidense fue prohibida en una reunión clave del IPCC en China. Esta ausencia de liderazgo científico amenaza la credibilidad global de Estados Unidos, según advirtió Johan Rockström, director del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático.

El costo invisible de retroceder

Trump ha redibujado el tablero climático en 100 días, pero su legado podría sentirse por generaciones. El negacionismo ya no se disfraza de escepticismo científico: ahora es una estrategia política, económica y geopolítica articulada, que desmantela instituciones, elimina regulaciones, debilita alianzas y siembra desinformación.

La transición energética no es una moda ideológica, sino una necesidad geofísica. Mientras el resto del mundo acelera hacia energías limpias, Trump apuesta por “el oro líquido” bajo tierra, ignorando que el costo no es solo ambiental, sino social, sanitario y económico. Invertir en carbón o petróleo hoy es condenar al país a perder la carrera tecnológica del siglo XXI.

La ciencia no necesita ser popular, pero sí respetada. El nuevo negacionismo climático ya no niega el cambio climático; lo banaliza, lo burocratiza y lo convierte en arma electoral. Mientras tanto, los incendios se intensifican, los huracanes se multiplican y millones de personas ya viven las consecuencias. Negar el problema no lo hace desaparecer. Solo nos deja peor preparados para enfrentarlo.