La UE fija por primera vez objetivos obligatorios contra el desperdicio alimentario y la moda rápida en nueva ley histórica

El Parlamento Europeo aprobó este martes en Estrasburgo una directiva histórica contra el desperdicio de alimentos y la sobreproducción textil, fijando por primera vez objetivos obligatorios para los Estados miembros. La normativa exige una reducción del 30% del desperdicio alimentario per cápita para 2030 y responsabiliza a los fabricantes textiles de cubrir los costes de recogida y reciclaje de las prendas. Cada europeo tira al año 132 kilos de comida y descarta 12 kilos de ropa y calzado, cifras que Bruselas busca revertir con esta legislación. La medida supone un paso decisivo hacia un modelo de consumo más sostenible en el bloque comunitario.

Objetivos ambiciosos contra el desperdicio de alimentos

La nueva normativa establece dos metas principales. En primer lugar, un 10% de reducción del desperdicio en la cadena de procesamiento y fabricación de alimentos. En segundo, un 30% menos de desperdicio per cápita en la venta minorista, restaurantes, servicios de alimentación y hogares.

Para calcular estos porcentajes se utilizará como referencia el promedio de datos entre 2021 y 2023. Actualmente, la Unión Europea genera casi 60 millones de toneladas de comida desperdiciada al año, lo que equivale a 132 kilos por ciudadano europeo. Este volumen supone pérdidas económicas de 132.000 millones de euros y la emisión de 252 millones de toneladas de CO₂ a lo largo de la cadena alimentaria.

La eurodiputada polaca Anna Zalewska, ponente del texto, subrayó la importancia de adoptar medidas concretas como “valorar las frutas y verduras feas, aclarar el etiquetado y facilitar la donación de productos no vendidos pero aún consumibles a bancos de alimentos”. Los países deberán garantizar que los principales operadores de la cadena alimentaria colaboren activamente en estas donaciones.

Una regulación pionera para el textil y la moda rápida

Por primera vez, la Unión Europea introduce un marco común para contener el impacto de la moda rápida y la sobreproducción textil, en especial la derivada de importaciones a bajo coste desde China. La norma aplicará el principio de “quien contamina, paga”, obligando a los productores a asumir los gastos de recogida, clasificación y reciclaje de prendas.

La responsabilidad ampliada del productor entrará en vigor 30 meses después de la directiva, y afectará tanto a fabricantes europeos como a minoristas online y empresas de fuera de la UE que vendan en el mercado comunitario. Las microempresas dispondrán de 12 meses adicionales para adaptarse.

Cada europeo desecha al año 12 kilos de ropa, calzado y accesorios, en un sector en el que el reciclaje sigue siendo casi inexistente. La legislación cubrirá productos como ropa, mantas, sábanas, cortinas, sombreros y calzado, con la posibilidad de extenderse en el futuro a artículos como colchones.

Críticas y resistencias

Pese a su carácter innovador, la normativa no ha estado exenta de críticas. Organizaciones ecologistas como WWF lamentaron que no se establezcan objetivos concretos para el sector agrícola, donde se desperdician grandes cantidades de alimentos antes incluso de llegar al mercado.

El sector de la hostelería también expresó su rechazo a las metas obligatorias. Marine Thizon, de la asociación europea Hotrec, defendió que “la clave es concienciar a los consumidores, ya que más del 50% del desperdicio alimentario en Europa ocurre en los hogares”.

Estas posturas reflejan el delicado equilibrio entre la necesidad de imponer obligaciones vinculantes y la resistencia de algunos sectores a modificar sus dinámicas de producción y consumo.

Hacia un nuevo modelo de consumo en Europa

La aprobación de esta directiva marca un antes y un después en la política de sostenibilidad de la Unión Europea. Por primera vez, Bruselas establece objetivos cuantificables y obligatorios para frenar dos de los principales problemas de residuos del continente: la comida que acaba en la basura y la ropa que se acumula en vertederos o se exporta a países del sur global.

La directiva concede a los Estados miembros 20 meses para transponerla a sus legislaciones nacionales, y fija el 31 de diciembre de 2030 como fecha límite para cumplir los objetivos. Para el textil, la aplicación será gradual pero estructural, obligando a transformar un sector acostumbrado al modelo de usar y tirar.

Más allá de las cifras, la medida envía un mensaje político: la sostenibilidad ya no es voluntaria, es una obligación legal. La UE busca liderar con el ejemplo en un contexto global donde la producción y el consumo siguen generando enormes desequilibrios ambientales.

El reto de transformar hábitos

El impacto de esta directiva dependerá, en última instancia, de la capacidad de transformar hábitos de productores y consumidores. Aunque las empresas estarán obligadas a implementar cambios estructurales, más de la mitad del desperdicio ocurre en los hogares, lo que exigirá campañas de sensibilización y una mayor educación ambiental.

El mismo desafío se aplica al textil: frenar la moda rápida implicará repensar los ciclos de consumo, apostar por la reparación, la reutilización y la circularidad. Si la norma logra consolidar estos cambios, podría servir como referente para otros bloques económicos.

La ley aprobada en Estrasburgo no resolverá por sí sola el problema del desperdicio y la sobreproducción, pero marca el inicio de un cambio cultural profundo. Europa se enfrenta a la tarea de demostrar que un modelo más sostenible de consumo no solo es necesario, sino posible y alcanzable antes de que sea demasiado tarde.