UNICEF exige una prestación universal de 200 euros para frenar la pobreza infantil en España

UNICEF España presentó este jueves un informe que pide una prestación universal de 200 euros al mes por hijo para combatir la pobreza infantil. El estudio, elaborado con Esade, se dio a conocer en Madrid con motivo del Día Internacional de la Infancia. La organización sostiene que esta medida podría sacar de la pobreza a 530.000 menores. España es actualmente el país con la mayor tasa de pobreza infantil de toda la Unión Europea.

España, líder europeo en pobreza infantil

España enfrenta una crisis estructural de pobreza infantil que, según UNICEF, ya no admite demoras políticas. El nuevo informe presentado por la organización revela cifras alarmantes: 29,2% de los menores vive en pobreza monetaria, lo que equivale a 2,3 millones de niños, mientras que el 34,8% está en riesgo de pobreza o exclusión, afectando a 2,7 millones. Son datos que sitúan al país 10 puntos por encima de la media europea, una brecha que no solo preocupa, sino que compromete el bienestar de toda una generación.

El estudio, elaborado en colaboración con el Centro de Políticas Económicas de Esade, calcula que una prestación universal de 200 euros mensuales por hijo reduciría la tasa de pobreza infantil en 7,1 puntos y sacaría a 530.000 niños de la pobreza. Una versión reducida de 100 euros sacaría a 270.000 menores y disminuiría la tasa en 3,6 puntos. Las simulaciones incorporan distintos escenarios, incluidas mejoras del Ingreso Mínimo Vital del 20% y el 40%, pero ninguna medida genera un impacto tan contundente como la prestación universal.

Durante la presentación del informe, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió la urgencia de incluir esta prestación en los próximos Presupuestos Generales del Estado. La calificó como “la medida más eficaz” para combatir lo que describió como “cifras insoportables” que afectan a la infancia española. Rego insistió en que la política de infancia debe convertirse en una prioridad transversal y urgente del Gobierno.

El impacto territorial del informe también es significativo. Las comunidades con mayores índices de vulnerabilidad serían las que más reducirían su pobreza infantil. Con la prestación de 200 euros, Ceuta y Melilla bajarían 11 puntos, Extremadura y Andalucía 9 puntos, y Madrid 5 puntos. El efecto redistributivo sería claro: allí donde la pobreza es más severa, el impacto sería mayor.

El coste fiscal estimado de esta medida asciende a 18.103 millones de euros anuales para la prestación completa de 200 euros y 3.500 millones para la de 100 euros. Sin embargo, UNICEF sostiene que el retorno social es mucho mayor: la pobreza infantil cuesta al Estado 63.000 millones de euros al año, el equivalente al 5,1% del PIB, en forma de peores resultados educativos, menor productividad futura y mayor dependencia de ayudas sociales.

Obstáculos políticos y una negociación a contrarreloj

A pesar del fuerte respaldo técnico, la propuesta avanza en un contexto político complejo. Sumar ha puesto la prestación universal en el centro de su negociación con el PSOE para los próximos Presupuestos. La medida contempla que todas las familias con hijos hasta 18 años reciban 200 euros mensuales, independientemente de su nivel de renta. El objetivo: evitar errores de focalización, reducir trámites y garantizar que la ayuda llegue a todos los hogares con menores.

Pero dentro del Gobierno existen resistencias. Sectores del PSOE, así como el Ministerio de Hacienda, consideran que el coste es elevado y que un modelo universal podría beneficiar a familias que no lo necesitan. Defienden en su lugar ampliaciones del Ingreso Mínimo Vital o ayudas focalizadas en los grupos más vulnerables. La decisión final dependerá del equilibrio político y de la disponibilidad presupuestaria.

El presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez-Pertierra, fue contundente al advertir que “la pobreza infantil no puede esperar más”. Señaló que erradicarla costaría al país entre 11.000 y 15.000 millones anuales, menos de la cuarta parte del coste social que genera no actuar. “Lo que no se invierte hoy se paga con creces mañana”, afirmó.

Por su parte, el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera, explicó que la prestación universal podría sustituir a varios beneficios fiscales existentes, simplificando el sistema y reduciendo la burocracia. “Los mecanismos actuales no llegan ni a la mitad de quienes deberían llegar”, señaló, poniendo el foco en la ineficiencia de las ayudas condicionadas.

Los expertos de Esade que participaron en la elaboración del estudio subrayan que los países europeos con menores tasas de pobreza infantil —como Alemania, Francia o los países nórdicos— cuentan con prestaciones universales por hijo desde hace décadas. En la mayoría de ellos, estas ayudas no solo reducen la pobreza, sino que también fortalecen la natalidad, mejoran el rendimiento escolar y reducen desigualdades en la salud infantil.

El debate llega en un momento crítico. La caída del poder adquisitivo, el encarecimiento de la vivienda y el aumento del coste de la vida han golpeado especialmente a los hogares con niños. El informe de UNICEF advierte de que la pobreza infantil se ha cronificado y que sus efectos se extienden hasta la adultez, perpetuando ciclos que son difíciles de romper sin intervenciones estructurales.