Stellantis y CATL arrancan en Aragón la mayor fábrica de baterías del país
Aragón aprueba la construcción del edificio principal de la gigafactoría de Stellantis y CATL, un proyecto de 4.100 millones y 3.000 empleos.
El Gobierno de Aragón aprobó este miércoles la construcción del edificio principal de la gigafactoría de baterías que Stellantis y CATL levantarán en Figueruelas. La decisión, adoptada en Zaragoza, permitirá iniciar de inmediato las obras de cimentación y estructura del mayor edificio del complejo. El proyecto, valorado en 4.100 millones de euros, forma parte del Plan de Interés General de Aragón. Las autoridades esperan que el hito marque el inicio de un centro industrial clave para el futuro del vehículo eléctrico en España.
Arranca el edificio clave de la gigafactoría
Aragón ha dado un paso decisivo para la construcción de la gigafactoría de Stellantis y CATL en Figueruelas al aprobar el levantamiento del edificio principal, una estructura de 151.141 metros cuadrados destinada a la fabricación de celdas. La autorización parcial del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) permitirá comenzar de inmediato las obras de cimentación y estructura, sin necesidad de obtener una autorización ambiental integrada, una condición que acelera de forma notable el calendario.
La inversión inicial asciende a 42,4 millones de euros, un desembolso que encaja en el marco del Proyecto Toro, la iniciativa conjunta de Stellantis y la compañía china CATL. La vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, subrayó la “rapidez extraordinaria” del trámite administrativo: la solicitud se presentó el 15 de octubre y en apenas un mes recibió luz verde. Las obras dispondrán de un plazo de ejecución de nueve meses, una velocidad inusual para un proyecto de esta envergadura.
El acto simbólico de colocación de la primera piedra se celebrará el 26 de noviembre, coincidiendo casi exactamente con el primer aniversario del anuncio oficial de la gigafactoría. Las autoridades esperan la llegada masiva de trabajadores chinos para 2026, cuando la construcción alcance su ritmo punta. Vaquero calificó la fecha como un punto de inflexión para consolidar la transformación industrial que el Gobierno autonómico quiere impulsar.

Una apuesta estratégica de 4.100 millones
El Proyecto Toro contempla una inversión total de 4.100 millones de euros para construir una gigafactoría capaz de producir un millón de baterías anuales. Las instalaciones se extenderán sobre 367.000 metros cuadrados distribuidos en 89 hectáreas en los municipios de Figueruelas y Pedrola. Esta escala sitúa el proyecto como uno de los mayores desarrollos industriales de España y un punto neurálgico para la electrificación del parque automovilístico europeo.
La iniciativa llega en un contexto delicado: la industria automovilística europea atraviesa una crisis que podría dejar 70.000 despidos este año. Vaquero admitió que “la política ambiental no ha ido paralela a la política industrial”, señalando que el sector reclama una flexibilización en los plazos de electrificación para evitar un colapso productivo. La gigafactoría, sin embargo, se presenta como un contrapeso estratégico que permitirá atraer inversiones, consolidar proveedores y garantizar el futuro de las plantas de ensamblaje españolas.
Con esta aprobación parcial, Aragón envía un mensaje de estabilidad y rapidez administrativa a Stellantis, propietaria de la planta histórica de Opel en Figueruelas, cuya continuidad a largo plazo depende en gran parte de garantizar el abastecimiento de baterías en la propia región. Para CATL, líder mundial en producción de celdas, el proyecto es una pieza clave para ampliar su huella europea y reforzar su papel en la transición energética del continente.
Un impacto laboral sin precedentes
La gigafactoría generará más de 3.000 empleos directos y 8.500 indirectos, según las estimaciones del PIGA, lo que la convierte en una de las mayores fuentes de empleo industrial previstas en España esta década. El proyecto producirá baterías de litio-ferrofosfato (LFP), una tecnología más asequible y resistente que las de níquel-manganeso-cobalto, y fundamental para reducir el coste final de los vehículos eléctricos.
La producción comenzará en 2026, con un aumento progresivo hasta alcanzar el pleno rendimiento en 2028. Durante la fase de construcción se espera un volumen significativo de empleo asociado a obra civil, ingeniería, maquinaria pesada y logística internacional. Una vez operativa, la fábrica impulsará una red de proveedores locales y servicios auxiliares que podrían transformar profundamente la economía del valle del Ebro.

Aragón ya cuenta con un sector automovilístico robusto, que emplea a más de 35.000 personas entre puestos directos e indirectos. La instalación de Stellantis y CATL podría reforzar la posición de la comunidad como polo industrial y logístico del sur de Europa, complementando el crecimiento del corredor Cantábrico-Mediterráneo y atrayendo inversiones en movilidad eléctrica, almacenamiento energético e I+D.
Un nuevo mapa industrial para Aragón
El Gobierno autonómico defiende que el proyecto no solo generará empleo, sino que permitirá transformar la estructura industrial de la región hacia sectores de alto valor añadido. La disponibilidad de baterías de producción local facilitará la electrificación de la planta de Figueruelas, una de las más competitivas del grupo Stellantis en Europa, y abrirá la puerta a nuevos proyectos de ensamblaje eléctrico.
Las autoridades destacan también la infraestructura logística de Aragón, con conexiones directas por carretera, ferrocarril y proximidad a puertos estratégicos como Barcelona y Bilbao. Estas condiciones, junto con un coste del suelo competitivo y la posibilidad de crear un ecosistema de proveedores en torno a la gigafactoría, constituyen uno de los principales argumentos para atraer más inversión internacional.
Además, la tecnología LFP fabricada en Figueruelas podría impulsar la llegada de modelos eléctricos de gama media y baja, un segmento clave para que el vehículo eléctrico sea accesible a mayor parte de la población. Stellantis ha insistido en que la reducción del coste de las baterías es esencial para cumplir los objetivos de ventas de vehículos eléctricos en Europa en los próximos años.
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