Bruselas aplaza 16 meses las normas más estrictas de la Ley de IA entre presiones políticas y empresariales

La Comisión Europea anunció este miércoles un retraso de 16 meses en la aplicación de las normas más estrictas de su Ley de Inteligencia Artificial, moviendo su entrada en vigor de agosto de 2026 a diciembre de 2027. El cambio, incluido en el paquete regulatorio “Ómnibus Digital”, llega en Bruselas en medio de fuertes presiones de grandes tecnológicas, pymes europeas y del presidente estadounidense Donald Trump. La Comisión defiende que se trata de una simplificación necesaria, mientras organizaciones civiles alertan de un desmantelamiento normativo anticipado.

Un aplazamiento de alto impacto en plena tensión regulatoria

La Comisión Europea sorprendió este miércoles al anunciar un retraso significativo en la implantación de su Ley de Inteligencia Artificial, la normativa más ambiciosa del mundo en materia de IA. El paquete “Ómnibus Digital” pospone hasta diciembre de 2027 las obligaciones aplicables a los sistemas de alto riesgo, un cambio que altera por completo el calendario regulatorio previsto.

La vicepresidenta para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, defendió la decisión alegando que las empresas europeas “se ven frenadas por una burocracia excesiva” y que era necesario ajustar los plazos “sin rebajar salvaguardias”. La Comisión argumenta que el retraso responde a un cuello de botella técnico: aún no existen los estándares armonizados necesarios para aplicar correctamente las obligaciones de seguridad y transparencia previstas en la ley.

Pese a este razonamiento, la medida ha generado inquietud entre quienes veían la Ley de IA como la gran referencia regulatoria mundial, aprobada hace apenas unos meses tras arduas negociaciones internas. Para estos sectores, el anuncio supone “la primera señal de retirada” en un campo que Europa aspiraba a liderar.

El cambio también se produce en un contexto geopolítico complejo. Fuentes comunitarias admiten que parte de la presión provino de grandes tecnológicas estadounidenses y de la administración de Donald Trump, que en reiteradas ocasiones ha denunciado la normativa europea como una amenaza para “la innovación occidental”.

Pymes aliviadas, grandes tecnológicas satisfechas

El retraso de 16 meses afecta a sistemas utilizados en identificación biométrica, concesión de crédito, selección de personal, infraestructuras críticas, educación, asistencia legal o seguridad pública, considerados los ámbitos con mayores riesgos sociales. Las empresas que desarrollan o despliegan estos sistemas tendrán más tiempo para certificar sus algoritmos, demostrar seguridad, documentar datos y garantizar supervisión humana.

Bruselas, además, propone una relajación de requisitos técnicos para pymes, un punto muy celebrado por las asociaciones empresariales europeas. Según la Comisión, estas simplificaciones pueden generar un ahorro mínimo de 225 millones de euros anuales, con un máximo estimado de 433 millones si los Estados miembros aplican plenamente las exenciones.

Otra modificación relevante es la eliminación de la obligación directa de los proveedores de impulsar la alfabetización en IA entre los usuarios finales; ahora esa responsabilidad recae en los Estados miembros, que deberán desarrollar programas de capacitación nacionales.

La decisión ha sido recibida con entusiasmo por parte del Partido Popular Europeo, que la celebró como “un impulso crucial para la competitividad industrial”. También ha sido bien recibida por la Computer & Communications Industry Association (CCIA), que agrupa a Apple, Google, Amazon y Meta, cuyos portavoces señalaron que se trata de “un primer paso prometedor”, aunque reclamaron “una reforma más profunda”.

La postura de las grandes empresas europeas va en la misma línea: ASML, Airbus, Mistral AI, Mercedes-Benz y Siemens habían solicitado previamente una pausa de dos años en la aplicación de la Ley de IA, alegando que la normativa podría poner en desventaja a la industria continental frente a EE.UU. y China.

La sociedad civil denuncia una capitulación sin precedentes

Si la industria celebra el retraso, las organizaciones de derechos digitales han reaccionado con una contundencia inusual. 127 organizaciones civiles, entre ellas la ONG austriaca Noyb, calificaron la propuesta como “el mayor retroceso de derechos fundamentales en la historia digital de la UE”.

La eurodiputada verde Kim van Sparrentak fue aún más directa: “La reapertura de la legislación tecnológica es un desmantelamiento hacia Trump”, afirmó, acusando a la Comisión de ceder ante la presión estadounidense y empresarial.

Para Agustín Reyna, director general de la Organización Europea de Consumidores (BEUC), el aplazamiento supone un “debilitamiento de las normas de privacidad” que favorecerá sobre todo a “las grandes tecnológicas no europeas”, las únicas capaces de absorber la incertidumbre regulatoria y adaptar sus sistemas globales a distintos marcos normativos.

También la analista del Center for Democracy & Technology, Laura Lázaro, alertó de que la reforma “debilita inaceptablemente el otrora prestigioso marco digital de la UE”, construido durante una década para proteger a los ciudadanos de sistemas algorítmicos opacos y discriminatorios.

En el Parlamento Europeo, los partidos progresistas temen que el retraso abra la puerta a nuevas modificaciones que rebajen aún más las exigencias de la ley, especialmente en campos sensibles como la biometría, el reconocimiento emocional o la automatización de la toma de decisiones.

Un horizonte incierto para la Ley de IA

El “Ómnibus Digital” aún debe ser aprobado por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, donde se prevé una negociación tensa. Algunos Estados miembros —liderados por Francia y Alemania— han presionado durante meses para flexibilizar la ley. Otros, como España y los países nórdicos, han defendido la necesidad de mantener altos estándares regulatorios.

Los expertos en gobernanza tecnológica señalan que la UE corre el riesgo de perder liderazgo internacional justo cuando países como China o Estados Unidos avanzan rápidamente en la regulación y comercialización de modelos de IA avanzados. “Europa está diluyendo su ventaja normativa antes siquiera de implementarla”, comenta un investigador del European Digital Policy Centre.

El retraso también plantea desafíos operativos: si los estándares técnicos no están listos ahora, tampoco está claro que lo estén para 2027. Además, la rápida evolución de los modelos generativos podría hacer que ciertos artículos de la ley queden obsoletos antes de su entrada en vigor.