Italia multa a Apple con 115 millones por su política de rastreo y abre un nuevo frente contra la privacidad cerrada
Italia multa a Apple con 115 millones por abuso de posición dominante ligado a su política de rastreo en iOS y la App Store.
La autoridad de competencia italiana ha impuesto una multa de 98,6 millones de euros (115 millones de dólares) a Apple por considerar que su política de Transparencia en el Rastreo de Apps (ATT) distorsiona la competencia en el mercado de aplicaciones móviles, en una decisión que refuerza el endurecimiento regulatorio europeo contra las grandes plataformas digitales.
La privacidad como ventaja competitiva
La sanción fue anunciada por la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) tras una investigación iniciada en mayo de 2023 y coordinada con la Comisión Europea. Según el regulador, Apple abusó de su posición dominante al imponer condiciones unilaterales a los desarrolladores de aplicaciones de terceros a través de su política ATT, introducida en abril de 2021.
El núcleo del problema no es el concepto de privacidad en sí, sino cómo se implementa dentro del ecosistema iOS. La AGCM sostiene que Apple obliga a los desarrolladores a solicitar el consentimiento del usuario dos veces para el mismo fin de recopilación de datos con fines publicitarios, mientras mantiene un control absoluto sobre la App Store y sus flujos de interacción. Este mecanismo de “doble consentimiento”, según el regulador, no es proporcional al objetivo de proteger la privacidad y perjudica de forma directa los modelos de negocio basados en publicidad.
La decisión subraya una contradicción clave: mientras las aplicaciones de terceros ven drásticamente limitada su capacidad para recopilar datos y ofrecer publicidad personalizada, Apple sigue beneficiándose de sus propios servicios publicitarios dentro del ecosistema iOS. Para la autoridad italiana, esta asimetría altera las reglas del juego y consolida una ventaja competitiva injusta.
Desde su lanzamiento, ATT ha sido defendida por Apple como una medida centrada en el usuario, diseñada para devolver el control sobre los datos personales. Sin embargo, para los reguladores europeos, el caso italiano demuestra que la privacidad también puede convertirse en una herramienta de poder de mercado cuando quien la diseña controla simultáneamente la plataforma, las normas y los canales de monetización.
La AGCM fue explícita al señalar que los términos de ATT se imponen sin negociación, afectan a socios comerciales dependientes del ecosistema de Apple y no superan el test de proporcionalidad exigido por la normativa europea de competencia. La multa, una de las más elevadas impuestas por Italia en este ámbito, busca enviar una señal clara: la protección de datos no exime del cumplimiento de las reglas antimonopolio.
La respuesta de Apple y el pulso con Europa
Apple rechazó de forma tajante la decisión y anunció que apelará la sanción. En un comunicado, la compañía defendió ATT como una de las “protecciones de privacidad más sólidas del mercado”, subrayando que ha sido respaldada por organizaciones y expertos en privacidad a nivel internacional. Según Apple, sus propias aplicaciones no muestran el aviso de rastreo porque no realizan seguimiento de usuarios, una afirmación que los reguladores europeos observan con creciente escepticismo.
Más allá del caso italiano, la sanción se inscribe en un contexto de presión regulatoria cada vez más intensa. En marzo de 2025, Francia multó a Apple con 150 millones de euros por prácticas similares, en la que fue la primera gran acción antimonopolio contra ATT. Alemania, por su parte, está evaluando cambios propuestos por la compañía tras detectar posibles infracciones, mientras que Polonia abrió su propia investigación en noviembre de 2025, con multas potenciales que podrían alcanzar hasta el 10% de la facturación anual.
Este frente coordinado refleja una preocupación estructural: cómo equilibrar la privacidad del usuario con la competencia justa en mercados digitales altamente concentrados. Para Bruselas y las autoridades nacionales, el riesgo es que las grandes plataformas utilicen argumentos legítimos —como la protección de datos— para reforzar posiciones dominantes y desplazar a actores más pequeños.
La decisión italiana también dialoga con el espíritu de nuevas normativas europeas, como el Digital Markets Act, que buscan limitar el poder de los “guardianes de acceso” y garantizar condiciones equitativas para desarrolladores y empresas que dependen de estas plataformas para llegar al mercado.
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